Con fecha 13 de abril de 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Ministerial N.º 134-2020-EF/15 que establece el Reglamento operativo del programa Reactiva Perú. A través del programa Reactiva Perú, el gobierno dispuso que las entidades financieras puedan otorgar créditos garantizados por el Estado a favor de personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad empresarial. Los créditos solo podrán ser destinados para pagos de trabajadores y capital de trabajo.
La finalidad de este programa es que las empresas o personas con actividad empresarial que generan puestos de trabajo puedan contar con financiamiento para hacer frente a sus obligaciones de pago a trabajadores y para reactivar su empresa. En este sentido, se trata de un apoyo del Estado y por ello las tasas de interés de dichos créditos, así como la forma de pago de estos deberían ser más beneficiosas que las usuales. Sin embargo, a pesar que se ha previsto un plazo máximo de 36 meses para pagar el crédito con un periodo de gracia de los primeros doce meses, no se ha contemplado que las entidades financieras brinden tasas benevolentes a las empresas, lo cual evidenciaría que no existe un compromiso o una contribución importante por parte de las entidades financieras.
Por el contrario, estas se estarían beneficiando en principio de un novedoso producto por el cual otorgan créditos con riesgo mínimo, ya que la garantía del Estado es hasta el 98% del crédito con la posibilidad de incrementarse al 100%, pudiendo cobrar un interés que contempla un margen de ganancia de las entidades financieras, las que con esta carta libre están ofreciendo créditos de Reactiva Perú con una tasa de interés de 11% anual, algunas ofrecerán un poco menos, o un poco más de acuerdo al perfil crediticio y a las garantías complementarias con las que pueda o no contar el deudor, pero no habrá una beneficio sustantivo en la tasa. Cabe anotar a modo de referencia que, en países como Chile, el gobierno acordó con las entidades financieras para que estas entreguen líneas de crédito para capital de trabajo con una tasa de interés real de 0%.
Existen posiciones que consideran que, para darle mayor dinamismo al desembolso de los créditos, la garantía debería ser hasta el 100%, no coincidimos pues de ser así, no existe un fuerte incentivo de las personas en cumplir, ni de los bancos en hacer un buen análisis de riesgo para recuperar el crédito.
Asimismo, consideramos que se deberá establecer responsabilidad civil y penal de las entidades financieras, así como de COFIDE; y sus funcionarios respectivamente, en caso estos brinden información falsa para el otorgamiento de las garantías, así como en el caso de que otorguen créditos a empresas que no cumplan con las condiciones requeridas y/o no se haya efectuado un buen análisis de riesgo de estas de manera dolosa.
Esperamos que el otorgamiento de créditos garantizados por el Estado no se efectúe cuando existan empresas que cuenten con las espaldas suficientes para financiarse sin tener la necesidad real de optar por beneficiarse de este programa que debería dar prioridad a los que realmente necesitan las garantías pero que a la vez tienen un perfil de riesgo de mínimo a medio, y que no sean empresas desahuciadas o con graves riesgos de serlo por motivos ajenos al estado de emergencia.
Otro punto para tomar en cuenta para que más peruanos se beneficien del programa será incrementar el monto de la deuda coactiva ante SUNAT fijado en una UIT establecido como límite para que las empresas puedan acceder al programa. En otras palabras, aquella empresa que tenga una deuda tributaria en cobranza coactiva por mas de una UIT no podrá ser beneficiario del programa, esto es muy poco probable, considerando que tan solo no haber declarado a tiempo un mes puede generar una multa ascendente a 1 UIT.
De otro lado, respecto del límite de cobertura establecido para el crédito, se ha dispuesto que este puede ser de hasta 3 veces el aporte a Essalud en 2019, o el promedio de venta mensual del 2019, lo que resulte mayor; las variables propuestas son razonables, sin embargo, da un respiro de un mes para las empresas, lo cual es poco realista, considerando que las empresas necesitarán de por lo menos de tres a cinco meses para levantarse. Hay que tomar en cuenta que la cuarentena viene durando casi un mes y quedan dos semanas más por delante, por lo menos, pues aún no sabemos si el gobierno ampliará la misma. Entonces, no resulta muy coherente el cálculo planteado por el gobierno.
Finalmente, las circunstancias actuales han evidenciado aún más las carencias de nuestro país, y la gran magnitud de la economía informal o paralela que existe, y que se está viendo catastróficamente perjudicada con la declaratoria de emergencia. Debido a ello, el gobierno y los ciudadanos no podemos ignorar que esta economía informal representa el sustento de muchas familias y por lo tanto de nuestro país, y conforme lo ha manifestado nuestro presidente, debemos repensar este momento de grandes dificultades, como un momento de grandes oportunidades.
En este sentido, será pues una gran oportunidad para el Estado, proponer que el programa Reactiva Perú también sea extendido a los informales, consiguiendo que dichos informales mediante una amnistía se trasladen al campo de la formalidad; lo cual generará no solo beneficios directos de inyección de financiamiento a dicho sector sino beneficios de largo aliento a favor del Estado. Es menester del gobierno proponer medidas que permitan superar el complicado desafío que tendrían las entidades financieras para evaluar el perfil crediticio de dichas empresas pero que constituye un nicho sumamente importante.
Debemos contemplar que una mayor recaudación tributaria, conforme se ha indicado en reiteradas oportunidades, deberá intensificar y priorizar el ensanchamiento de la base tributaria convirtiendo en ciudadanos de primera categoría a aquellos que han sido mantenidos al margen de la formalidad, y de los beneficios que esta también acarrea. Ese es el verdadero sentido de sentirse parte de una nación, el contribuir a su sostenimiento y no vivir de espaldas a la legalidad y a expensas de riesgos, y sanciones.
Ésta en efecto, es una oportunidad para atraer al sector informal, formalizarlo y repotenciarlo, lo cual tendrá un gran impacto económico, legal y hasta social en nuestro país. Por ejemplo el conseguir un primer crédito garantizado por el Estado, y de repente tener hasta mayores posibilidades de otros deudores formales para pagarlo, constituye un apalancamiento para la obtención de diferentes créditos- hipotecarios por ejemplo- lo cual también colaborará con la formalización de la vivienda, lo cual, a su vez generará un impacto positivo en cualquier planeamiento estatal de provisión de servicio públicos o urbanismo, etc, existen innumerables ejemplos de los impactos positivos que pasarse al lado formal puede generar a los “informales” y al Estado.
Sin embargo, no habrá que perder de vista todas las desventajas que la formalización puede acarrear, como la burocratización y el encarecimiento y entrampamiento de los procedimientos; por lo que el Estado podría empezar de manera impostergable a simplificar y virtualizar todos los procedimientos administrativos existentes con la finalidad de que la formalización represente una situación mucho más ventajosa para los ciudadanos que la informalidad.
Esperamos que sobre la marcha el gobierno tenga una actitud muy reactiva respecto de los problemas o deficiencias que podría tener el programa, consideramos, conforme lo hemos indicado anteriormente, que desde ya existen varios temas que rectificar para que se amplíe el universo de personas beneficiadas, y se proteja el verdadero objetivo del programa que es el de reactivar a las empresas para que puedan seguir generando puestos de trabajo, y no se interrumpa la cadena de pagos tan importante para la sostenimiento y subsistencia de las familias peruanas.